El Consejo fija su posición sobre la próxima PAC y deja el presupuesto pendiente

Introducción

Los gobiernos de la Unión Europea han acordado qué defenderán en la negociación de la próxima Política Agrícola Común, la PAC. El Consejo aprobó el 26 de octubre una posición parcial sobre las reglas que deberán ordenar el apoyo al campo después de 2027. Queda fuera una parte decisiva: su financiación. El acuerdo permite avanzar hacia una reforma, pero todavía no permite decir cuánto recibirá una explotación.

La PAC reúne ayudas para sostener los ingresos agrarios y medidas destinadas al medio ambiente, las inversiones y la vida rural. Su diseño afecta a quién puede seguir produciendo, quién encuentra apoyo para empezar y qué se exige a cambio del dinero público. Por eso importa tanto el presupuesto como la manera de repartirlo. Consejo, acuerdo del 26 de octubre [1].

El Consejo ha acordado una posición para negociar. La nueva PAC todavía necesita un acuerdo legislativo y una financiación definida.

Quién podría recibir las ayudas

Una de las decisiones anunciadas por el Consejo es exigir a cada Estado que defina quién se considera agricultor activo, con margen para adaptar los criterios a su realidad. También plantea una ayuda por superficie más elevada para los jóvenes y permite un mecanismo de redistribución dentro de esa ayuda. Sería una opción para los países, no una cantidad adicional ya concedida a cada agricultor.

La expresión «agricultor activo» puede parecer una obviedad hasta que hay que convertirla en una condición para cobrar. El texto de negociación preparado para la reunión contempla a personas con un nivel mínimo de actividad agraria, incluidas las que trabajan a tiempo parcial o combinan el campo con otra ocupación. Menciona criterios como los ingresos, el trabajo dedicado a la explotación o la inscripción de la actividad en registros. Texto de negociación 14484/26, artículo 2b, páginas 5–6 [2].

Eso tiene una consecuencia comprensible. En ese diseño, tener otro empleo no excluiría automáticamente del apoyo. El país tendría que concretar qué actividad agraria exige y cómo se demuestra. Esa decisión puede marcar la diferencia para quien mantiene una explotación pequeña y necesita otra fuente de ingresos.

También importa cómo se diferencia la ayuda. Pagar por superficie vincula parte del apoyo a las hectáreas admitidas. Introducir importes distintos según las necesidades o los tramos de superficie puede cambiar quién recibe una proporción mayor del presupuesto. Si el dinero total se mantuviera fijo, mejorar la participación de unos beneficiarios reduciría la disponible para otros. Repartir mejor y gastar más son decisiones diferentes.

La propuesta original de la Comisión ya buscaba dirigir más apoyo hacia quienes consideraba más necesitados. Su artículo 6 preveía diferencias entre grupos de agricultores o zonas, con criterios objetivos y sin discriminación. El texto preparado para el Consejo conserva un trato reforzado para los jóvenes y contempla que los Estados utilicen distintos importes por hectárea o por tramos de superficie. El debate afecta al criterio de reparto, además de al tamaño del fondo. Propuesta de la Comisión, artículo 6, página 22 del PDF [3] y texto de negociación, páginas 18–19 [2].

Un ejemplo de la PAC vigente permite poner cifras al reparto. Para la campaña 2024, el Ministerio de Agricultura publicó una asignación de 10,89 millones de euros de la reserva nacional de ayuda básica a la renta para 2.336 agricultores y ganaderos. Es un mecanismo de acceso a esa ayuda, no todo el apoyo de la PAC que recibe una explotación. La nota, fechada el 5 de agosto de 2025, permite comparar dos de sus grupos.

Fuente: Ministerio de Agricultura, asignación de la reserva nacional de la campaña 2024, páginas 1–2 [7]. Se muestran dos grupos, con las medias por beneficiario redondeadas publicadas por el Ministerio. La asignación a los jóvenes sumó 8,61 millones de euros.

Son cifras de asignaciones, no una comprobación de dinero ya ingresado. Tampoco comparan a dos agricultores idénticos: corresponden a perfiles y explotaciones distintos. La diferencia no puede atribuirse únicamente a la edad. Las reglas de acceso y reparto tienen consecuencias en euros, pero estas cifras históricas no son una promesa para 2028–2034. Para identificar ganadores y perdedores de la próxima PAC en España aún harían falta las reglas finales, los importes y el diseño español.

Cómo puede trasladarse una ayuda al alquiler de tierras

Recibir una ayuda no garantiza que toda ella mejore en la misma medida la renta de quien cultiva. Si el apoyo permite pagar más por una parcela y hay poca tierra disponible, su propietario puede captar parte de esa mejora al negociar el alquiler.

Un informe de 2021 del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea estudió ese mecanismo con datos regionales de la UE de 1989 a 2016. Su modelo básico estima que cada euro adicional de pagos directos no ligados a producir una cantidad concreta se asocia con 23,8 céntimos más de alquiler a corto plazo. Para visualizar el resultado, aplicar ese coeficiente a un incremento hipotético de 100 euros por hectárea de ayuda daría 23,80 euros adicionales de alquiler por hectárea. Esa cuenta ilustra una estimación estadística, no una factura observada ni una previsión para España. Los resultados varían según la especificación del modelo y la forma de distribuir las ayudas. JRC, apartado 8.1 y tabla 15, páginas impresas 58–60 [8].

El efecto estimado sobre el alquiler de la tierra no demuestra una subida equivalente de los alimentos. La Comisión explica que la mayor parte del apoyo a la renta se vincula a hectáreas y condiciones, no a las cantidades producidas. El precio de la compra depende también de lo que ocurre en toda la cadena alimentaria. Un análisis del BCE describe cómo energía, fertilizantes, transporte, transformación y cosechas pueden afectar a esos precios. Ninguna de estas fuentes permite calcular el efecto neto de la reforma pendiente sobre la cesta de la compra. Comisión, apoyo a la renta [9] y BCE, 20 de octubre de 2026 [10].

La consecuencia para evaluar la PAC es concreta: además de cuánto dinero se asigna, importa cuánto mejora la renta de quien trabaja la explotación y cuánto termina trasladándose a otros costes.

El presupuesto y los topes de las ayudas siguen abiertos

La Comisión presentó su propuesta el 16 de julio de 2025 para el periodo 2028–2034. En ella figuraban reducciones progresivas de la ayuda por superficie a partir de determinados importes y un máximo de 100.000 euros por agricultor y año. Eran una propuesta de límites, no una regla ya aprobada para el próximo periodo. Propuesta original, artículo 6, páginas 22–23 [3].

En el texto preparado para la reunión del Consejo esos tramos y el máximo aparecen entre corchetes. La nota explicativa de la Presidencia aclara qué significa esa señal: las disposiciones presupuestarias o ligadas a la negociación general del presupuesto quedan excluidas de la posición parcial. El anuncio posterior confirma que las reducciones y los topes se decidirán dentro de esa negociación más amplia. Nota 14480/26, apartado 7, página 4 [4].

La diferencia es sustancial. Un agricultor puede conocer la intención de favorecer a determinados perfiles y seguir sin saber qué límite se aplicará a su ayuda. Tampoco basta con que un importe figure en un documento para tratarlo como una decisión definitiva.

El marco financiero plurianual fija los límites generales de gasto de la UE durante varios años. Las reglas agrarias se están negociando dentro de ese conjunto. La propuesta de la Comisión integra el apoyo agrícola en un fondo y en planes nacionales y regionales más amplios, junto con otras políticas. Sus defensores lo presentan como una forma de coordinar recursos y adaptarlos a las necesidades de cada territorio. Propuesta original, exposición de motivos y considerandos 2–5 [3].

Cerrar el marco financiero exige, además, un procedimiento distinto al de muchas reglas sectoriales. El Consejo debe aprobarlo por unanimidad, después de obtener la aprobación del Parlamento. Por tanto, avanzar en el acuerdo agrícola no elimina la necesidad de alcanzar un pacto entre todos los gobiernos sobre la financiación general. Consejo, procedimiento para aprobar el próximo marco financiero [5].

Esa coordinación puede ser útil. También desplaza una pregunta hacia cada gobierno: qué prioridad dará a la agricultura dentro de su plan y con qué criterios distribuirá los recursos. El riesgo que debe vigilarse es que un objetivo común termine ofreciendo protecciones muy distintas según las decisiones nacionales. Es una consecuencia posible del margen de decisión, no un resultado que este acuerdo ya haya demostrado.

El Parlamento también tiene que decidir

El Consejo representa a los gobiernos de los Estados miembros. Su acuerdo no sustituye la posición del Parlamento Europeo, elegido por los ciudadanos. En este procedimiento legislativo, ambas instituciones tienen que acordar el reglamento a partir de la propuesta de la Comisión.

Al cierre de esta información, el Observatorio Legislativo del Parlamento mantiene el expediente 2025/0241 en fase de decisión pendiente en comisión. Identifica el proyecto de informe y las enmiendas presentadas, pero todavía no recoge una decisión de la comisión competente. Ese estado impide dar por aceptada por los eurodiputados la posición anunciada por los gobiernos. Parlamento Europeo, expediente de la PAC 2028–2034 [6].

El avance se entiende mejor si se separan las decisiones que suelen aparecer juntas en el titular.

Fuentes: comunicado del Consejo, nota explicativa 14480/26 y expediente del Parlamento. La tabla distingue el estado de las decisiones, sin estimar pagos futuros.

La mejor defensa de la flexibilidad es seria: las explotaciones tienen cultivos, costes, dimensiones y problemas diferentes. Una regla uniforme puede encajar mal en algunas de ellas. La propia propuesta de la Comisión reconoce la necesidad de atender las circunstancias locales dentro de un marco común.

Pero adaptar una ayuda exige explicar qué desigualdad se quiere corregir y cómo se comprobará el resultado. Dar margen a los gobiernos tiene valor si permite responder mejor a necesidades reales. Lo pierde si dificulta saber por qué dos agricultores reciben un trato distinto o si diluye los compromisos compartidos.

Nuestro criterio es que la flexibilidad debe ir acompañada de criterios públicos, comparables y comprobables. El apoyo reforzado a los jóvenes, por ejemplo, tendrá que juzgarse por las condiciones que les permitan incorporarse y mantener una explotación. El anuncio de una prioridad, por sí solo, no resuelve el acceso a la tierra ni garantiza la viabilidad de un proyecto.

El acuerdo del Consejo es un avance porque fija una base común entre los gobiernos y permite continuar la negociación. Su alcance real se medirá cuando se sepa quién tiene derecho al apoyo, cómo se justifica el reparto, con qué recursos se sostendrá y cuánto mejora la renta de quien trabaja la explotación. Hasta entonces, presentar la próxima PAC como un presupuesto cerrado adelantaría una respuesta que los negociadores aún tienen que dar.