Decretos de vivienda: recuperar por decreto lo que rechazó el Congreso

Introducción

El Congreso dijo que no el 2 de octubre. El Gobierno volvió a aprobar dos decretos sobre vivienda el día 6, cuando ya se había publicado la disolución de las Cortes. Los nuevos textos incorporan cambios, pero conservan buena parte de las medidas anteriores. La propia Moncloa explicó que mantenían su esencia. Resoluciones de derogación del primer decreto [1] y del segundo [2]. explicación del Gobierno del 6 de octubre [3].

El problema de la vivienda no desaparece porque se pierda una votación. Pero el valor de una votación tampoco debería desaparecer porque al Gobierno le resulte incómoda. Ahí está el conflicto que merece discutirse.

Qué pasó y quién decide

La secuencia tiene tres pasos:

• 2 de octubre: el Congreso derogó los reales decretos-leyes 26/2026 y 27/2026 al rechazar su convalidación. Uno contenía un paquete amplio de vivienda. El otro modificaba la continuidad de los contratos de alquiler.

• 6 de octubre: entró en vigor la disolución del Congreso y del Senado. Ese mismo día, el Consejo de Ministros aprobó los nuevos decretos 28/2026 y 29/2026.

• 7 de octubre: se publicaron los nuevos textos en el BOE. Con las Cámaras disueltas, su convalidación corresponde a la Diputación Permanente.

Las fechas figuran en las resoluciones anteriores, el decreto de disolución [4] y los nuevos decretos 28/2026 [5] y 29/2026 [6].

Uno de los nuevos decretos ya entró en vigor. El otro, todavía no. El 29/2026 fijó su entrada en vigor general para el 8 de octubre, aunque algunas disposiciones tienen condiciones o fechas propias. El 28/2026 la fijó para el 15 de noviembre. El Ejecutivo ya ha podido recuperar efectos jurídicos de medidas rechazadas, sin esperar a una nueva convalidación. Entrada en vigor del decreto 29/2026, disposición final decimoprimera [6]. decreto 28/2026, disposición final segunda [5].

El Gobierno aprueba el decreto-ley. El órgano parlamentario decide después si lo convalida o lo deroga. Durante ese intervalo, la norma puede producir efectos si ya ha llegado su fecha de entrada en vigor.

Un decreto-ley es una norma con fuerza de ley que el Gobierno puede dictar ante una necesidad extraordinaria y urgente. Está sujeto a límites y a control parlamentario: la Constitución exige un pronunciamiento expreso sobre su convalidación o derogación dentro de los treinta días siguientes a su promulgación. Convalidar significa aceptar que continúe. Esa votación se hace sobre el conjunto del texto, sin cambiar sus artículos uno por uno. Constitución, artículo 86 [7]. Reglamento del Congreso, artículo 151 [8].

Por qué interviene la Diputación Permanente

La Diputación Permanente es una representación reducida del Congreso, formada en proporción a los grupos parlamentarios, que mantiene determinadas funciones cuando la Cámara está disuelta. La Constitución le atribuye expresamente las relativas a los decretos-leyes. Su intervención tiene fundamento democrático y constitucional. Constitución, artículo 78 [9].

Sin embargo, trasladar la proporción de una Cámara a un órgano mucho menor exige repartir puestos enteros. La correlación de votos puede variar. Por eso es relevante preguntar si se vuelve a intentar una medida porque se ha negociado una solución o porque el nuevo reparto facilita aprobarla.

Qué cambia y qué se mantiene

Los nuevos decretos conservan buena parte de las medidas anteriores e introducen modificaciones parciales.

Por ejemplo, el artículo 1 del decreto 29/2026 prolonga hasta finales de 2030 una limitación a determinadas compras de viviendas por debajo del 70 % de su valor, frente al horizonte de 2028 del decreto 26/2026. También modifica qué entidades quedan afectadas y cómo se determina ese valor. Además, incorpora un artículo específico sobre información en los anuncios de alquiler: exige determinadas referencias sobre precios y sobre la condición de gran tenedor cuando corresponda. Texto anterior, artículo 1 [10]. texto nuevo, artículos 1 y 20 [6].

Son modificaciones parciales que deben contarse con precisión. Pero la existencia de cambios no borra la continuidad política que el propio Gobierno reconoce: se recupera el núcleo de una intervención rechazada por el Congreso. Modificar plazos, sujetos afectados o información obligatoria no demuestra, por sí solo, que se hayan resuelto las objeciones parlamentarias. Esa es la justificación que el Ejecutivo debe ofrecer. Enumerar diferencias entre documentos no la sustituye.

El mejor argumento del Gobierno

La defensa más sólida del Ejecutivo es que los problemas que motivaron las medidas siguen existiendo. Los vencimientos de contratos, el riesgo de perder la vivienda o las dificultades de acceso no se suspenden durante unas elecciones.

La exposición de motivos del decreto 28/2026 añade un argumento concreto: anunciar una reforma mientras se tramita por la vía ordinaria podría adelantar comunicaciones de no renovación para evitar sus efectos. Ese es un razonamiento sobre urgencia que merece examinarse, aunque aceptarlo no obliga a aceptar todas las medidas del decreto. Justificación del Gobierno en el preámbulo del decreto 28/2026 [5].

Además, rechazar una norma no puede significar prohibir para siempre legislar sobre esa materia. Un Gobierno debe poder corregir, negociar y presentar otra propuesta. La Diputación Permanente existe también para evitar que una necesidad urgente quede sin respuesta por la disolución de las Cámaras.

Ocho años de gobierno también forman parte del balance

Pedro Sánchez llegó a la Presidencia en junio de 2018. Más de ocho años después, su Gobierno sigue describiendo la vivienda como una emergencia que exige intervenir de inmediato. La urgencia actual no puede servir para borrar la responsabilidad acumulada durante esos años. Nombramiento publicado en el BOE [11].

Durante ese periodo se han aprobado medidas, entre ellas la Ley de Vivienda de 2023. Pero aprobar normas no equivale a resolver el problema. En el segundo trimestre de 2026, los precios de compraventa de la vivienda libre todavía crecían un 12,2 % interanual, según el INE. Es un indicador de la presión sobre el acceso a la compra, no una evaluación completa de todas las políticas de vivienda ni de los alquileres. Ley de Vivienda de 2023 [12]. Índice de Precios de Vivienda del INE [13].

El problema tiene causas anteriores y responsabilidades repartidas entre administraciones. Eso no exime al Gobierno central de explicar qué resultados han dado sus políticas y por qué no han bastado. Quien lleva ocho años gobernando debe responder también por su balance, no solo pedir respaldo para su siguiente anuncio.

La gravedad de la vivienda tampoco otorga a ningún partido el monopolio de sus soluciones. Rechazar estos decretos no convierte automáticamente a sus adversarios en enemigos del acceso a la vivienda. Hay que discutir qué medidas funcionan y quién asume sus costes. Presentar las propias propuestas como la única respuesta aceptable desplaza ese debate hacia una falsa elección: apoyar al Gobierno o desentenderse del problema.

La objeción democrática sigue en pie

La objeción ética es concreta: el Gobierno recupera el núcleo de medidas rechazadas y, mediante el decreto 29/2026, vuelve a darles efectos antes de obtener una nueva convalidación. La negativa del Congreso había tenido una consecuencia efectiva: derogar las normas anteriores. La nueva aprobación permite revertir en parte ese resultado a través de otros textos.

Si bastara esperar a una composición parlamentaria más favorable y volver a aprobar medidas equivalentes, la negativa del Congreso perdería parte de su capacidad de controlar al Gobierno. La urgencia de un problema no concede al Ejecutivo el derecho a obtener cualquier solución que proponga. También tiene que justificar la solución y conseguir respaldo para ella.

Los especialistas discrepan sobre la valoración jurídica de este episodio. En las consultas publicadas por Maldita.es, Antonio Arroyo Gil, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, advierte de las dudas que plantea reproducir sustancialmente lo rechazado para eludir la decisión del Pleno. Antonio Rovira Viñas, catedrático de esa misma universidad, rechaza que la operación constituya por sí misma un fraude de ley. Son interpretaciones jurídicas distintas, no una sentencia sobre estos decretos. Análisis y declaraciones recogidas por Maldita.es [14].

La secuencia de fechas permite cuestionar el uso del procedimiento. No demuestra por sí sola que la convocatoria electoral tuviera como único propósito cambiar esa votación.

La regla que deberíamos exigir a cualquier gobierno

Consideramos éticamente reprochable recuperar por esta vía lo sustancial de unas medidas recién rechazadas sin acreditar cómo se ha respondido a esa negativa. El problema se agrava cuando vuelven a producir efectos antes de la nueva votación. La competencia constitucional de la Diputación Permanente no convierte automáticamente en respetuosa con el control parlamentario cualquier estrategia que desemboque en ella.

El Gobierno debe explicar qué daños inmediatos pretende evitar, qué ha cambiado respecto al texto rechazado y por qué esos cambios responden a las objeciones parlamentarias. Quienes se oponen deben explicar también qué alternativa ofrecen y qué consecuencias tendría no actuar.

Esta exigencia debe mantenerse con independencia del partido que gobierne. No sería razonable celebrar el recurso al procedimiento cuando favorece a los nuestros y denunciarlo cuando lo utiliza el adversario.

La legitimidad de la Diputación Permanente no elimina la responsabilidad del Ejecutivo por cómo llega hasta ella. Una facultad constitucional puede utilizarse de una forma democráticamente reprochable. Recuperar el núcleo de lo rechazado mediante cambios parciales exige mucho más que recordar que el procedimiento existe. El respeto al Parlamento también se mide por el valor que un Gobierno concede a sus negativas.