Lula gana en Brasil pero tendrá que negociar su nuevo mandato

Introducción

La reelección confirma la continuidad en la presidencia. El Congreso, los compromisos de campaña y los antecedentes de corrupción plantean una pregunta distinta: con qué controles y acuerdos podrá gobernar.

Lula da Silva ha ganado la presidencia de Brasil. Flávio Bolsonaro ha perdido esa votación, pero su partido tendrá la mayor bancada de la Cámara de Diputados. Ese reparto del poder explica mejor lo que viene que la imagen de un ganador que puede hacerlo todo.

El escrutinio completo de la segunda vuelta del 25 de octubre da a Lula el 51,79 % de los votos válidos y a Flávio Bolsonaro el 48,21 %. Son 4.430.191 votos de diferencia. La victoria permite continuar en el Gobierno, pero obliga a negociar buena parte de lo prometido. También deja intacta una exigencia: rendir cuentas por la gestión y por la corrupción, sin convertir una denuncia en una condena ni borrar los delitos que sí quedaron acreditados.

Qué han decidido las urnas

El Tribunal Superior Electoral, el órgano que organiza y supervisa las elecciones brasileñas, muestra el resultado con las 499.248 secciones electorales contabilizadas.

Fuente: resultados oficiales del TSE, segunda vuelta.

La primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, había terminado en el orden contrario: Flávio obtuvo el 47,03 % y Lula el 45,16 %. Como ninguno superó la mitad de los votos válidos, ambos pasaron a una segunda votación. Entre las otras diez candidaturas estaban Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado y Romeu Zema. Ninguna alcanzó el 3 %. El resultado final acredita el cambio de posiciones entre los dos finalistas, pero no permite atribuir una misma razón a todos los electores que cambiaron de opción, se incorporaron o se abstuvieron. TSE, primera vuelta.

Lula alcanza su cuarta victoria presidencial, después de las de 2002, 2006 y 2022. En esta ocasión competía como presidente que aspiraba a continuar, no como un candidato ajeno a la gestión. Su trayectoria sindical y la creación del PT ayudan a entender su identificación con la izquierda brasileña y con las políticas sociales. Esa trayectoria tampoco convierte cada decisión de su Gobierno en una medida de izquierdas ni a todos sus aliados en miembros del mismo bloque ideológico. Agencia Senado, trayectoria de Lula.

El resultado del recuento y la toma de posesión son momentos distintos. El nuevo periodo presidencial comenzará el 5 de enero de 2027, por el cambio de fechas aprobado en la enmienda constitucional 111. Los nuevos diputados y senadores asumirán el 1 de febrero. Agencia Senado, fechas de posesión.

Quiénes competían y qué ofrecían

La candidatura de Lula llevaba de nuevo a Geraldo Alckmin como vicepresidente. Alckmin pertenece al PSB y había militado en el PSDB. Su incorporación a la candidatura de Lula en 2022 ilustra que el proyecto reúne tradiciones políticas distintas. La alianza registrada en el TSE para esta elección incluye al PT, PSB, PDT, PCdoB, PV, PSOL y Rede.

El rival era el senador Flávio Bolsonaro, del PL, acompañado por Alfredo Gaspar como candidato a vicepresidente. Flávio es hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Es una persona y una candidatura diferentes: el parentesco ayuda a entender la continuidad de una corriente política, pero no permite trasladar responsabilidades penales de uno al otro.

Los programas depositados en el TSE permiten comparar prioridades sin depender únicamente de los mensajes de campaña.

Fuentes: programa de Lula y Alckmin y programa de Flávio Bolsonaro.

Las diferencias afectan al papel del Estado, al gasto y a las prioridades internacionales. También hay coincidencias declaradas que impiden reducir la comparación a «unos dan ayudas y otros las eliminan». Los dos programas se presentan como vías para mejorar la vida de las familias. La discusión útil empieza cuando se pregunta cuánto cuesta cada medida, a quién alcanza, qué resultados se pueden comprobar y qué promesas son compatibles entre sí.

El Congreso limita lo que puede hacer el presidente

Brasil elige por separado al presidente y a sus representantes parlamentarios. Ganar la presidencia no entrega automáticamente una mayoría legislativa. El Congreso tiene dos cámaras, la de Diputados y el Senado, con capacidad para intervenir en las leyes y en el control del Ejecutivo.

La Cámara elegida en octubre tiene 513 escaños y comenzará su nueva legislatura el 1 de febrero de 2027. En ella, el PL obtuvo 121 diputados. La federación PT-PCdoB-PV, que reúne al partido de Lula y a dos aliados, logró 88. Son categorías distintas: un partido frente a una federación. Tampoco los 88 diputados representan a todos los posibles apoyos del presidente. Los datos de la Agencia Cámara muestran, aun así, que el núcleo parlamentario de Lula tendrá que buscar socios.

En una votación ordinaria del pleno de la Cámara, la regla general exige al menos 257 diputados presentes y decide la mayoría de los votos. Otras normas necesitan un apoyo mayor: las leyes complementarias requieren 257 votos favorables. Una reforma constitucional exige al menos 308 votos en la Cámara, en dos votaciones, y también debe superar dos votaciones con tres quintos de los miembros del Senado. Por eso los apoyos necesarios dependen de lo que se quiera aprobar. Agencia Cámara, nueva legislatura, reglas de votación y Constitución, artículo 60.

Eso puede producir acuerdos razonables: modificar una propuesta, aceptar controles o incorporar necesidades de territorios diferentes. El riesgo aparece cuando el apoyo se negocia mediante cargos o recursos sin criterios públicos que permitan juzgarlo. Pactar es parte del gobierno democrático. Ocultar el precio de un pacto dificulta que el ciudadano lo controle.

La objeción más fuerte a presentar el Congreso como un obstáculo es precisamente esa: sus miembros también han sido elegidos y tienen derecho a corregir al presidente. Es una objeción válida. El criterio para evaluar un acuerdo o un bloqueo debe ser lo que se defiende, cómo se justifica y qué consecuencias tiene. Ni el triunfo de Lula invalida al Parlamento ni la fuerza del PL convierte su programa en el del Gobierno.

Qué corrupción está acreditada y qué no se puede dar por probado

La corrupción forma parte de la historia política que acompaña esta elección. Pero «Lava Jato», «Mensalão» y los procesos contra los candidatos no designan una sola causa con un único desenlace.

En el Mensalão, el Supremo Tribunal Federal condenó a José Dirceu, exministro de Lula, por corrupción activa. La pena de ese delito fue de siete años y once meses. En octubre de 2016, el tribunal declaró extinguida su responsabilidad de cumplir la pena por un indulto. El indulto es una medida de clemencia y no una absolución. El mismo proceso también alcanzó a dirigentes aliados: Valdemar Costa Neto fue condenado por corrupción pasiva y blanqueo a siete años y diez meses y recibió un indulto en mayo de 2016. Son responsabilidades individuales acreditadas, no una condena penal de todos los votantes o de todos los integrantes de un partido. STF, Dirceu y STF, Costa Neto.

Conviene distinguir ese proceso de las causas de Dirceu en Lava Jato. En octubre de 2024, el Supremo anunció la anulación de los actos de Sérgio Moro en dos de estas últimas causas por falta de imparcialidad. Esa resolución tiene un objeto diferente de la condena del Mensalão. STF, resolución de 2024.

En Petrobras existe, además, una admisión empresarial documentada. En el acuerdo de 2018 con el Departamento de Justicia estadounidense, la petrolera aceptó hechos sobre sobornos, manipulación de contratos y falsificación de registros. El acuerdo fijó una penalización total de 853,2 millones de dólares, coordinada con otras autoridades. Esa cifra es la penalización pactada, no el importe que supuestamente habría robado Lula ni una medida completa de los daños. El documento es un acuerdo de no persecución penal de la empresa, con admisión de hechos y obligaciones, y no una sentencia contra un candidato. Acuerdo y relación de hechos de Petrobras.

La situación de Lula exige otra explicación. En 2021, el Supremo confirmó la anulación de las condenas dictadas por el juzgado de Curitiba en las causas señaladas por el tribunal, entre ellas las del triplex y el sitio de Atibaia, por falta de competencia del órgano que las tramitó. La Segunda Sala también reconoció la parcialidad de Moro en el caso del triplex. Aquellas condenas anuladas no acreditan hoy una culpabilidad penal vigente. La nulidad tampoco equivale, por sí sola, a una absolución que haya resuelto el fondo de todos los hechos. Garantizar un juez competente e imparcial es parte de la justicia, también cuando el acusado es un presidente. STF, anulación y STF, parcialidad en el triplex.

Flávio Bolsonaro estuvo señalado en el caso de las «rachadinhas», la presunta devolución de parte del salario de empleados de su gabinete cuando era diputado estatal. En noviembre de 2021, el Supremo anuló cuatro informes financieros utilizados en la acusación por la forma irregular de obtenerlos. En mayo de 2022, el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro rechazó la denuncia, a petición del propio Ministerio Público, tras la anulación de pruebas. El tribunal precisó que el rechazo por falta de base suficiente para sostener la acusación no impedía retomar investigaciones. Ese rechazo no es una condena ni una absolución sobre el fondo. STF, informes anulados y Tribunal de Justicia de Río, rechazo de la denuncia.

Las garantías procesales deben valer para ambos candidatos. También debe valer una exigencia política que va más allá de ganar un juicio: explicar cómo se eligen los responsables de administrar dinero público, cómo se detectan los desvíos y qué se hace cuando aparecen. Una elección decide quién gobierna. No sustituye a un tribunal ni libera al ganador de rendir cuentas.

Qué puede cambiar para el país

La reelección facilita la continuidad de las prioridades de Lula. Su aplicación dependerá del presupuesto, de los acuerdos parlamentarios y de decisiones concretas. Hay tres cuestiones que permiten evaluar el nuevo periodo sin anticipar éxitos ni fracasos.

La primera es la relación entre protección social y financiación. El programa ganador vincula inclusión, crecimiento e inversión. La prueba será si las medidas mejoran servicios y oportunidades de forma duradera, con recursos identificables. Prometer responsabilidad fiscal significa poco si no se explica qué ingresos y gastos la sostienen. Reducir la discusión a «ayudas contra esfuerzo» también oculta preguntas esenciales sobre empleo, cuidados, educación y acceso a servicios.

La segunda es el medio ambiente. Lula propone alcanzar la deforestación neta cero en 2030 y reforzar la financiación climática. «Neta» significa un balance entre pérdidas y recuperación de bosque, no que cualquier tala quede automáticamente prohibida. El objetivo plantea decisiones sobre vigilancia, uso del suelo, producción y recursos. El resultado electoral mantiene esa orientación en la presidencia. No demuestra que el objetivo vaya a cumplirse. Programa de Lula, medio ambiente.

La tercera es la posición internacional. El programa mantiene la cooperación con el Mercosur y los BRICS, agrupación de economías emergentes en la que participan, entre otros, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esa prioridad orienta la diplomacia, pero no convierte a Brasil en un país con los mismos intereses que cada socio. Cooperar comercialmente tampoco debería eximir al Gobierno de explicar sus posiciones ante vulneraciones de derechos humanos.

El mejor argumento a favor de la continuidad es que permite desarrollar políticas que necesitan más tiempo que una campaña. La objeción es que también puede conservar errores, nombramientos y formas de negociar que requieren cambios. La respuesta no puede ser una confianza ilimitada ni la sospecha automática sobre cada medida. Debe ser la posibilidad de comprobar sus resultados y exigir responsabilidades.

Lula ha ganado el derecho a dirigir otro mandato dentro de las reglas democráticas. Tendrá que construir apoyos para ejercerlo. El nuevo periodo debería juzgarse por la vida que permite a los ciudadanos, por el uso del dinero público y por la disposición a aceptar controles incluso cuando incomodan al propio Gobierno. Una mayoría electoral autoriza a gobernar. No convierte al poder en propiedad del ganador.