Blocus: qué se investiga tras las detenciones

El operativo preventivo del 31 de octubre en Barcelona terminó con 1.440 personas identificadas, 127 actas administrativas y tres detenciones, según la nota publicada ese día por los Mossos d’Esquadra. RTVE informó el 1 de noviembre de que las convocatorias no derivaron en los disturbios temidos.

El balance policial distingue los motivos de las tres detenciones: dos personas tenían órdenes de búsqueda y detención y la tercera fue arrestada por resistencia y desobediencia. La nota recoge aparte el arresto de Cabrera d’Anoia, relacionado con la investigación de los altercados del 24 de octubre. Las actas administrativas y las identificaciones tampoco son condenas ni deben contarse como nuevas detenciones.

El resultado de esa noche cambia el contexto de la noticia, pero no cierra las investigaciones anteriores. Tampoco permite demostrar que el dispositivo fuera la única causa de la ausencia de disturbios.

La Guardia Civil detuvo el 30 de octubre en Picanya, Valencia, a quien considera presunto fundador e impulsor de Blocus en España. Interior le atribuye crear y administrar grupos de Telegram relacionados con los disturbios del 24 de octubre en Barcelona. La operación se produjo antes de nuevas convocatorias anunciadas para el 31.

La descripción policial permite seguir un recorrido: vídeos y carteles llevaban a grupos de mensajería y, después, a canales privados. Según Interior, se pedía extender los enlaces por grupos de clase y presentar la movilización como una protesta estudiantil. Los investigadores sostienen que esa apariencia encubría preparativos de saqueos y violencia.

El mecanismo importa porque la primera invitación y las instrucciones posteriores pueden tener contenidos distintos. Difundir una convocatoria entre compañeros le da acceso a un entorno de confianza. Si después aparecen llamamientos a dañar comercios o agredir a personas, cambia lo que se está pidiendo hacer. La responsabilidad debe examinarse a partir de esos mensajes y de la intervención de cada investigado.

Compartir un espacio de protesta no convierte a todos sus participantes en responsables de los mismos hechos.

Las cifras corresponden a balances diferentes

EFE publicó el 30 de octubre un recuento de diez detenidos en las 24 horas anteriores, cuatro de ellos menores. Reunía actuaciones de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra en varias provincias. La versión de Reuters, actualizada ese día a las 15:42 en Madrid, recogía siete arrestos: el del presunto fundador y otros seis, según Interior.

Esos recuentos reflejan versiones y ámbitos de información que deben conservarse con su fecha. No permiten sumar diecisiete detenidos ni fijar un total definitivo para la jornada del 31. La detención de Picanya está incluida en la noticia más amplia de EFE.

Europa Press informó el 30 de octubre, citando un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de que la jueza había acordado la libertad vigilada para el menor detenido en Bellmunt d’Urgell como presunto administrador de canales de Blocus en Lleida. También le prohibió acudir a la ciudad de Lleida los días 31 de octubre y 1 de noviembre. La información se refiere a ese menor, no al detenido de Picanya ni al conjunto de arrestados.

En esa cobertura, fuentes de los Mossos consultadas por EFE afirmaban que por entonces no constataban una ideología ni una organización extremista detrás de Blocus. Esa apreciación tampoco resuelve toda la investigación, pero impide adjudicarle sin más una identidad política al conjunto.

La circulación de alarmas exige otra separación. Reuters informó de que Metro de Madrid había desmentido un aviso de bomba difundido por redes. Repetirlo como amenaza real añadiría miedo a una información que el operador había negado.

Las decisiones judiciales posteriores

EFE informó el 31 de octubre, citando al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de que un juzgado de Torrent había acordado prisión provisional sin fianza para el detenido en Picanya al que la Guardia Civil considera presunto impulsor de Blocus en España. La agencia recogió también la prisión provisional acordada por un juzgado de Catarroja para el detenido en Alfafar, en un procedimiento distinto.

El 1 de noviembre, Europa Press informó, atribuyéndolo al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de otra decisión de prisión provisional, comunicada y sin fianza, dictada por el Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona para un investigado por su presunta relación con la coordinación de los disturbios del 24 de octubre. La misma noticia recoge el internamiento en régimen cerrado acordado para el menor detenido en Sant Sadurní d’Anoia. Es un caso diferente del menor de Bellmunt d’Urgell mencionado antes.

La prisión provisional es una medida cautelar, no una condena. El artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que sea objetivamente necesaria y que no existan medidas menos gravosas capaces de alcanzar sus fines. Esa regla explica su carácter excepcional, sin resolver desde aquí si cada decisión concreta estuvo justificada.

Una protesta no necesita autorización previa

El artículo 21 de la Constitución reconoce la reunión pacífica y sin armas. Su ejercicio no requiere autorización previa. Para las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público exige comunicación previa y permite prohibirlas por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.

La Ley Orgánica 9/1983 desarrolla ese marco. Su artículo quinto contempla, entre otros supuestos de suspensión o disolución, las alteraciones del orden público que ponen en peligro a personas o bienes. La protección de la protesta pacífica no convierte un saqueo en una reivindicación legítima.

A la vez, el artículo 24 reconoce la presunción de inocencia. Interior describe posibles delitos de desórdenes públicos agravados y organización criminal, sujetos a lo que resulte de la instrucción. Una acusación policial debe sostenerse con pruebas sobre conductas concretas. Ser estudiante, estar descontento o utilizar una aplicación de mensajería no acredita por sí mismo una conducta delictiva.

Esta exigencia forma parte de los límites democráticos del poder. Una actuación puede ser necesaria para proteger a terceros y seguir obligada a justificar sobre quién recae y por qué.

Prevenir con razones que puedan examinarse

Esperar a que se produzca un incendio para intervenir ante preparativos acreditados sería una respuesta insuficiente. Comerciantes, vecinos y quienes quieran manifestarse pacíficamente necesitan protección. La investigación de las convocatorias puede servir precisamente para evitar que sufran daños.

El problema aparece si la prevención se convierte en una sospecha que ya no necesita distinguir. Que una etiqueta circule por numerosos grupos no demuestra que todos recibieran las mismas instrucciones ni que cada miembro asumiera un plan. El trabajo decisivo es establecer esas relaciones y permitir su examen en el procedimiento judicial.

La exigencia de explicar las razones de una decisión pública no obliga a divulgar mensajes privados ni datos de menores. Exige que las actuaciones puedan justificarse por las vías correspondientes. También conecta con la cuestión ética de qué medios puede justificar un fin valioso: invocar la seguridad no basta para dar por buena cualquier medida.

Perseguir preparativos de violencia y proteger la protesta pacífica son obligaciones que se refuerzan. Identificar a quienes organizan daños evita que utilicen una reivindicación como refugio. Exigir pruebas individuales impide que esa investigación termine convirtiendo a cualquier participante en sospechoso por asociación.